Posición ante la nueva Ley del Aborto
Hace ya tiempo que quería dar mi opinión pública sobre este asunto, especialmente, tras las continuas preguntas de periodistas que se afanaban en los días previos a las Europeas - y siguiendo las directrices de los dos "partidos grandes" - en no hablar de la "crisis económica", ni de los asuntos que se deberían debatir en esos momentos para informar a la población como era el futuro de la Constitución Europea y la democratización del Parlamento de Bruselas, por ejemplo, sino que se pasaban las horas buscando las posibles incompatibilidades ideológicas entre la coalición pan-europea Libertas.eu y Ciudadanos.es y cogernos así en un renuncio... algo que, por cierto, no lograron.
Así que, de forma personal y particular, voy a dar aquí mi opinión primero frente al aborto y, acto seguido, sobre el nuevo Proyecto de Ley que presenta el PSOE a debate y votación en estos momentos.
En primer lugar quiero decir que me repatea profundamente que la derecha-católica más rancia de este país tenga la costumbre de apropiarse de iconos o nombres que nos pertenecen a todos. Primero lo hicieron con nuestra bandera, la bandera nacional, haciéndola suya cuando es la bandera de todos los españoles (y de los ciudadanos guineanos y saharauis nacidos antes de 1968). Ahora lo hacen con la palabra PRO-VIDA. Señores... "Pro-Vida" somos todos, salvo los salvajes que contaminan y no respetan ni el medioambiente, ni el eco-sistema.
Personalmente, no conozco a ninguna mujer que, voluntariamente quiera abortar. Y las que conozco... han sufrido y meditado mucho su decisión. Entiendo que son circunstancias externas y extremas las que pueden llevar a una persona o a una pareja a tomar esa decisión. En todo caso, siempre es desagradable e implica un riesgo notable para la salud de la madre, por lo que hay que respetar y proteger especialmente a la persona que se ve en tan difícil y desagradable situación.
Por lo tanto, yo lo primero que propondría es modificar el mismo nombre de la Ley a "Ley de Garantías de la Interrupción Anticipada del Embarazo".
Fijados por una primera Ley vigente los tres primeros casos en los que se permite el aborto - y creo que esa Ley ampara casi todos los casos posibles - lo que se debería establecer son una serie de mejoras efectivas para subsanar los errores, irregularidades, defectos o situaciones no previstas en la Ley anterior. Es decir, que la nueva Ley, lo que debe priorizar es la plena atención médica y psicológica de la madre que va a interrumpir el embarazo, dotar a la Sanidad pública de los medios y los profesionales necesarios y adecuados y garantizar la confidencialidad de todo el proceso clínico (*)antes, durante y posteriormente a la operación.
(*) Me viene a la memoria el caso de las "Listas de Clínicas, Médicos y Mujeres" que se publicaron en Cataluña hace unos años, transgrediendo todo el derecho al secreto profesional e intimidad personal de los implicados a raíz de una denuncia de un periódico danés. Esto no se puede permitir.
En cuanto al contenido, lo dejo en manos de los especialistas. Si veo correcta la interrupción del embarazo antes de las 18 semanas de gestación de una forma universal. Y veo correctos los tres casos contemplados en la Ley que ahora se deroga. Más ampliaciones, me parecen ilógicas y conllevan un sufrimiento y un coste sanitario importante, sino inviable en las actuales circunstancias. Eso sí, los informes psicológicos y médicos previos deben ser exactos y profesionales y se deben delimitar responsabilidades penales estrictas a los que los incumplan o falsifiquen.
En cuanto a la edad mínima de decisión de la madre se debe situar, sin lugar a dudas, en la mayoría de edad. Si el gobierno quiere que esto se realice a los 16 años sin permiso paterno, lo que debe hacer primero es rebajar la mayoría de edad. Ya se que es redundante, pero no absurdo, recordar que un menor no puede comprar un medicamento para un catarro, haberse una operación de estética, conducir un automóvil, comprar un paquete de cigarrillos o una simple cerveza en un supermercado hasta los 18 años. Está claro que la decisión de un menor de edad debe contar con la autorización paterna y, en caso de conflicto, debería promoverse la celebración de un "Acto de Conciliación" asistido por el responsable médico de la paciente, un psicólogo, los propios padres, la menor y su pareja. Cualquier otra situación que se está planteando queda fuera del alcance de toda lógica salvo que el des-Gobierno de España esté considerando la posibilidad de que España se convierta en un destino de "Turismo Hospitalario", cosa que no creo.
Propongo, además, y para evitar lo anterior, que nuestra nueva Ley se eleve en el Parlamento Europeo para que todos los países comunitarios tengan una misma normativa común y evitase que las mujeres se vean obligadas a desplazarse de un país a otro para abortar, dependiendo de los casos y los costes médicos que contemple la legislación de cada país. A ésto lo llamaría ZP... "Alianza de Quirófanos".
En cuanto a las posiciones éticas/religiosas de cada uno, creo que son del todo respetables pero ajenas al desarrollo de la nueva Ley. Entiendo que si una persona es cristiana, musulmana o judía, su mismo credo le dicta unas normas a seguir, no sólo frente al aborto, sino también a las relaciones sexuales de la pareja, dentro y fuera del matrimonio, por lo que, aunque la nueva Ley les ampare - como no puede ser de otra manera - lo que deben es actuar antes, durante y después de la relación sexual como su misma religión les indique. Por lo que el hecho de que exista una Ley en este sentido que proteja sanitariamente a las madres religiosas o no-religiosas, no les debe afectar en absoluto, ni debe modificar su conducta diaria.
En todo caso, y como hombre, mi opinión es muy subjetiva ya que, médicamente, es imposible que yo me quede embarazado... por tanto creo y entiendo que la voz cantante en este debate la debe llevar la mujer. ¡Sí!: La mujer política, las especialistas en maternidad, las técnicos en bio-ética, etc... y redactar un informe completo de posiciones, con pros y contras, de todos los casos previstos para que se debata en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es ahí donde corresponde proponer, modificar y aprobar o no la Ley y donde todos estamos representados.
